Por Bertoldo Velasco Silva
En Baja California Sur el gobierno estatal estará atenta para que se mejoren las condiciones laborales en todas las áreas de trabajo, desde la empresa más modesta hasta la más grande, para no permitir se sigan cometiendo abusos y violaciones a los derechos de los trabajadores, afirmó el gobernador Víctor Castro Cosío, luego de conocerse que el viernes pasado se levantó la huelga en la empresa minera El Boleo, de la cual sentenció “esperemos que todo vaya en paz y por supuesto, porque de las injusticias, ya nos encargaremos nosotros”.
De las empresas coreanas en Baja California Sur no hay nada bueno de qué hablar. Se duda por el historial, que no respetan los derechos humanos y menos los laborales, como sucedió con la empresa calamarera de Santa Rosalía, propiedad de coreanos, quienes violentaron los derechos de las trabajadoras que ahí operaban. Y que ahora los propietarios abandonaron el estado y dejaron al garete a decenas de empleadas, quienes procedieron a hacer las denuncias correspondientes para dar con su paradero y respondan por el mal trato a las personas, indemnizaciones y lo que corresponda.
Se sabe, y eso lo decimos nosotros, que los coreanos para poder llegar a este acuerdo laboral con los trabajadores mineros de la empresa El Boleo, estaban renuentes hasta con reunirse con las autoridades laborales federales, no respetaban investiduras y se negaban a cumplir con los pactos contraídos, hasta que finalmente aceptaron un aumento del 7 por ciento al salario, pero no acordaron nada con respecto a otras prestaciones, entre ellas, la que les corresponde a la alimentación.
Es en este rubro, que la empresa no aporta los alimentos completos que requiere un trabajador minero, las realiza en un ambiente antihigiénico, les bota la comida cuando andan molestos, es de muy baja calidad y no solo son represores, sino que piensan que viven en el pasado cuando a base de látigo y con castigos, trataban a los trabajadores para hacerlos rendir el día; denuncias obvias que no hacen los mineros porque son reprimidos por los directivos de la empresa, y por lo tanto los gobiernos no pueden hacer mucho si no hay una denuncia de por medio.
Al hablar sobre este asunto, el gobernador Víctor Castro, acompañado de Omar Zavala y de Fernando Ojeda, Subsecretarios General de Gobierno y de Turismo, respectivamente, dijo “en nuestra postura pues ya la sabían desde antes, desde que inició la huelga hemos sido muy respetuosos de las relaciones laborales de todos, de que el gobierno no puede intervenir en asuntos sindicales si es legal es legal”, sin embargo, ayer, al cuestionar al gobernador al respecto, y como bien lo señala, como gobernador, que desde el momento en que estalló la huelga, mantuvo comunicación con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, con Napoleón Gómez Urrutia, de quien dijo es su amigo, quien envió representantes para estar en el conflicto laboral, pues como gobierno no puede intervenir, pero se mantuvo a la expectativa, porque ya se tenía una mala experiencia, a lo que consideró como “un rezago en justicia terrible, porque las calamareras que trabajaban ahí justamente, con una empresa coreana en Santa Rosalía se largaron, dejaron tirado todo, no las encontramos hasta la fecha, las autoridades pasadas podían haber cooperado para eso pero, no hicieron nada”.
En esa empresa calamarera dijo Víctor Castro, hubo un gran fraude, les habían otorgado las autoridades laborales los bienes de la empresa, se los dieron a los trabajadores y las trabajadoras, por eso se está investigando y hay una demanda penal para quienes cometieron ese fraude, pues los bienes son para las trabajadoras, bienes que los empresarios vendieron y los volvieron a vender, son gente sin escrúpulos, hubo funcionarios públicos coaligados, coludidos en ese gran fraude con la gente.
Por eso aclaró, que en este conflicto minero no podía intervenir el gobierno estatal, porque se mantuvo una línea públicamente de sana distancia, pero de diálogo para que ese asunto se resolviera, y así se hizo en favor de 1000 trabajadores sindicalizados y como quinientos de confianza.
El gobierno del estado no debe interceder en asuntos de carácter laboral, solo se tiene que mantener el equilibrio entre el trabajo y el capital, como constitucionalmente debe ser la posición política del gobernante, de solo “tratar de mantener el equilibrio y por supuesto, con las dos partes trabajar para que haya diálogo, ser puente, no ser abismo, no confrontarme por mi posición ideológica con una posibilidad que se haga realidad”
Como gobernador, debe mantener esa postura de equilibrio sin intromisión alguna, sin embargo, como gobernador está obligado a defender a sus gobernados ante las injusticias laborales, por ello dijo que ante lo que escuchó de la parte laboral que le confiaron, es que hablará con el director de la empresa coreana para ya no permitir las injusticias, el mal trato a los trabajadores, “me entero que un coreano despidió un trabajador antes de ser sindicalizado y del sindicato hacían lo que les daba la gana y ni no le gustaba, lo que hacían, les pateaba la olla donde les hacían los alimentos a los mineros. De esos ejemplos me dieron, de maltrato eso sí, dije, no lo vamos a permitir y tengo que seguir trabajando con los mineros para que sean respetados, que no les llegue la comida toda batida, no espérense, busquemos la manera de que allá si le toca la empresa, pero que lo haga correctamente, no se trata de dádivas, ya pasó ese tiempo en dónde nos pateaban a la gente los capataces… nosotros tenemos que velar y la denuncia que venga, como la de ayer o la plática que tuve con los mineros, que son cosas que yo no sabía pero se van a resolver”.
Son a este tipo de injusticias a las que tiene que atender el gobernante, claro, no puede más que mantener al margen de las resoluciones entre patrón y trabajadores, pero si tiene que defender los derechos de humanos y laborales de los mineros ante tantas injusticias y mal trato por parte de los patrones, por lo que Víctor Castro dijo que al respecto, la Secretaría del Trabajo enviará a supervisores del trabajo a dicha empresa, para no permitir ese tipo de abusos en contra de los mineros.
Y eso, va a suceder también en los ranchos agrícolas, donde sí hay abusos, el gobierno estatal le va a entrar, y ya se solicitó al Secretario del Trabajo, acudan a Vizcaíno y se hagan las inspecciones para saber en qué condiciones están trabajando en los campos agrícolas, “porque no vamos a permitir tampoco el hacer como que no vemos cuando hay injusticias, ya no más, no se van a tolerar”.
Sobre todo en esos ranchos agrícolas donde ni siquiera dejan entrar a las autoridades laborales y de derechos humanos para supervisar el trato a la gente trabajadora, de la cual afirmó el gobernador, “vamos a entrar, nada de que no nos dejan entrar, si no es tierra de nadie, hay reglas, las vamos abrir, vamos a entrar y vamos a supervisarlos para poner orden y el que ande orejano, meterlo en cintura y que cumpla con la ley”.
En ambos casos, tanto de la empresa calamarera y la minera, fueron años de mal trato a los trabajadores. En el primer caso, la justicia anda tras ellos, y en el segundo caso, tal parece que se pondrá fin a la violación a los derechos humanos y laborales, como así debe suceder en los ranchos agrícolas, donde la situación aún es más grave, pero las palabras del gobernador, es que se pondrá fin a esos males que por muchos años han padecido sobre todo, la gente migrante que viene a trabajar en esos campos agrícolas, donde no todos, hay que decirlo, se portan igual.