Por Bertoldo Velasco Silva
Nos va a dar mucho coraje, el que de nuestros impuestos como contribuyentes, se mal utilicen con una auditoría a la legislatura pasada que no arroje resultados sobre el mal manejo financiero, administrativo y político del 2018 al 2021. Aunque de lo político, la única manera de castigarlo es mediante el voto libre, directo y secreto en una elección constitucional. Lo primero, una vez que se conozca el resultado que tardará en darse en un lapso de 6 meses, si hay culpables, se procederá conforme a la ley, pero sobre todo que se aplique y que no queden impunes los daños al pueblo sudcaliforniano cometidos por los diputados de la pasada legislatura.
De septiembre del 2018 a agosto del 2021, todos nos dimos cuenta del desaseo político, administrativo y financiero que cometieron los diputados integrantes de la XV Legislatura. Pagos extraordinarios hasta por 500 mil pesos quien se ostentaba como presidente de la Junta de Gobierno; 200 mil pesos mensuales a quien presidiera la directiva de los periodos ordinarios, y 100 mil pesos adicionales a quienes encabezaban una comisión permanente, amén de los gastos suntuarios para satisfacer caprichos personales en compras de confitería, juegos florales, obsequios costosos, desayunos y comidas para los “amiguis”.
Aparte están los desaseos financieros cometidos por los diputados que hicieron “perdedizos” 337 mil pesos que en un principio se pagarían en diciembre del 2018, a la empresa que organizaría los foros sobre la iniciativa de movilidad, pero que nunca llegaron a manos de la empresa. El empresario volvió a facturar y salió otro cheque por la misma cantidad, pero del primero y del que supuestamente estaba investigando la Procuraduría General de Justicia, cuyo titular actual Daniel de la Rosa estaba ocupando esa responsabilidad, nunca dio a conocer el resultado de la investigación acerca de esta malversación de recursos en la cual estaban involucrados los entonces diputados Ramiro Ruiz Flores y Rigoberto Murillo Aguilar.
También se dijo que se investigaba el delito fiscal cometido por el entonces diputado Esteban Ojeda, por la posible comisión del delito de facturación y de compras a sobre precio de bienes a una empresa propiedad de su cuñada, y de lo cual se hicieron facturas de la 01 a la 46, todas al Congreso del estado, por cantidades que superaban el valor de los bienes adquiridos, entre ellos, 21 laptops que se entregaron para el trabajo a igual número de diputados, y que hasta la fecha se desconoce el paradero de esos equipos de cómputo, propiedad del congreso y no de los ex legisladores.
Podríamos seguir enumerando serios problemas financieros y administrativos sobre el actuar de los 21 diputados de esa XV Legislatura, entre ellos, la actual alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, quien se daba el gusto de adquirir con el dinero de nuestros impuestos, valiosos regalos que obsequiaba a sus amistades, es decir, hacía caravana con dinero ajeno, además de darse gustos comprando confitería con dinero del congreso y no de su sueldo.
Las declaraciones de los diputados José María Avilés, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación política del Congreso, así como de su par, Luis Armando Díaz, presidente de la Comisión de Cuenta y Administración del pasado 25 de abril, de que a partir de esa fecha se aperturaba una auditoría externa a la XV Legislatura a través de la empresa local, BHR México, avalada por un despacho foráneo, es en sí, la noticia que todos esperábamos ante la incertidumbre de qué iba a pasar con esos ex legisladores sobre su actuación indebida política, administrativa y financieramente ¿Iban a quedar impunes?.
Conociendo a ambos legisladores, sabemos que la inversión, cerca de 700 mil pesos que pagará el Congreso, para llevar a cabo esta auditoría, no serán mal aprovechados, porque estamos esperando que esos “diputados” paguen con cárcel y reintegren el dinero mal habido o mal manejado, dinero que es producto del pago de nuestros impuestos.
Luis Armando Díaz, como presidente de la Comisión permanente de Cuenta y Administración, tiene la obligación de facilitar a la empresa auditoria toda la documentación necesarioa para que esta cumpla con su cometido y nos entregue a los ciudadanos la información, que de descubrir todo ese mal manejo de recursos de los ex diputados, se proceda entonces y de inmediato a procesarlos y llevarlos a juicio, para que sus faltas no queden impunes y sigan gozando de “cabal salud” como hasta ahora.
Independientemente de que esta auditoría será una respuesta a ese compromiso social y político, debe ser un compromiso de los mismos legisladores actuales de llevar a cabo esa auditoria, que no hicieron al inicio de esta administración legislativa como ordena la ley, porque son los primeros entes en dar transparencia al manejo, uso y destino de los más de 200 millones de pesos que reciben cada año, dinero que aportamos los ciudadanos a través del pago de nuestros impuestos y como patrones de los legisladores, tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros impuestos. Que no se les olvide esto a los actuales diputados.
Hasta el momento, hemos observado a nuestros actuales representantes que llevan a cabo su trabajo bajo una camaradería política, si así se le puede llamar a altura de los debates entre los 21 legisladores, pero también sobre ese respeto mutuo que debe imperar para que el Congreso camine de acuerdo a los intereses de la población que sufragó por ellos.
En fin, solo nos resta esperar esos resultados, y dentro de 6 meses, sabremos si la auditoría fue realmente eso, o solo una justificación y salida política para encubrir a esos diputados, y así queden impunes sus delitos o faltas administrativas, y que de encontrarse esa cometida, se proceda entonces, aplicándoles todo el peso de la ley, al fin y al cabo, a excepción de la alcaldesa, ya no gozan de fuero constitucional.