Septiembre 01 del 2020
Debe aprobarse dictamen hasta que exista claridad jurídica sobre la integración del Congreso del Estado. Llamado a la Alcaldesa de Los Cabos Armida Castro a no solapar a Diputados de Morena, PT y aliados aprueben proyecto de la desaladora con vicios jurídicos que impidan su ejecución. No se vale que el tema del agua sea botín y bandera política de ningún partido y de ningún personaje.
Los diputados del PAN, PES, PRD, PRI y Humanista, afirmaron hoy estar a favor del proyecto de la desaladora de Cabo San Lucas, porque garantizaría el abasto de agua potable para la población que no la tiene y la necesita, sin duda tiene un peso muy importante y relevante para la vida de miles de habitante de dicho destino turístico, particularmente de las zonas y colonias populares; sin embargo, legisladores de Morena y Partido del Trabajo pretenden aprobarla con vicios jurídicos que impedirán su ejecución, por lo que hicieron un llamado a la alcaldesa de Los Cabos, a no solapar a los legisladores morenistas que están cometiendo irregularidades jurídicas.
Las diputadas Maricela Pineda García, Daniela Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Perla Flores Leyva y Lorenia Montaño Ruiz, así como los diputados José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar, a través de un comunicado, manifestaron que el proyecto de dicha desaladora, se empezó a tramitar en la pasada administración municipal cabeña, la cual ya no le dio tiempo de culminar la autorización del proyecto, por lo que en la presente administración municipal y federal se actualizaron sus costos y alcances de la obra, y la secretaría de hacienda solicitó al Congreso local aprobar la autorización del proyecto de construcción de una planta desaladora de agua de mar de 250 litros por segundo, que abastezca por un plazo de hasta veinticinco años de agua en bloque, mediante la desalación de agua de mar en Cabo San Lucas.
Los diputados locales que conforman el grupo de los 8, opositores a Morena y al PT, afirmaron que la aprobación del Proyecto de la Desaladora para Cabo San Lucas por esta legislatura, es un tema de primer orden, de la mayor prioridad y de la mayor relevancia, por eso es muy importante que este proyecto no tenga ninguna debilidad jurídica que impida su ejecución, como lo pretenden los diputados morenistas y sus aliados.
Por tal motivo, estos legisladores denunciaron la irresponsabilidad de los diputados de Morena, PT y del Presidente de la Mesa Directiva Ramiro Ruiz Flores, al tratar de aprobar este proyecto en medio de una controversia jurídica por ilegal destitución e inhabilitación de cinco diputados, violando una suspensión provisional de amparo, que cobra vigencia cuando se decreta y no se notifica. Violó también, una suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien giró a inicios del mes de junio, de que el Congreso del Estado se integrara con los 21 diputados que tomaron protesta el 31 de agosto de 2018.
Lo anterior después de que 8 diputados fueron suspendidos por Morena y aliados. Esta suspensión está vigente hasta en tanto la Suprema Corte no emita sentencia. Por lo que, al tratar de destituirlos del cargo a cinco diputados, 3 del PES, 1 del PAN y 1 del Humanista, el pasado sábado 22 de agosto, viola esa suspensión, de la cual pronto se pronunciara la SCJN.
Pero lo peor, afirmaron el grupo de los 8 diputados, es que el Congreso del Estado no se encuentra integrado por sus diputados propietarios que tomamos protesta el 31 de agosto, para iniciar labores el 01 de septiembre de 2018. Por ello, aclararon, toda aprobación que se hagan con la conformación del actual pleno legislativo, es sujeto a que sea nulo, y sería muy grave que la autorización del proyecto de la desoladora de Cabo San Lucas se caiga por la terquedad y el empecinamiento de los diputados de MORENA, PT y sin partido, de seguir utilizando el Congreso del Estado para hacer política electoral, aniquilando a las voces opositoras.
Pidieron recordar que el decreto por el que el Congreso del Estado autoriza la Desaladora de Cabo San Lucas, debe ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado por parte del Poder Ejecutivo, quien evalúa y sanciona si dicho decreto se expidió observando el marco constitucional y legal.
Además de que, las dependencias que dispersarán los recursos, como la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, así como el Banco de Obras y Servicios, solicitan que el trámite legislativo este conforme lo marca la ley y la constitución. Aunado a que dichos proyectos son revisados posteriormente por la Auditoria Superior de la Federación, quien supervisa si dichos proyectos cumplieron lo que marca la ley y la constitución.
Más aún, si el proyecto tiene debilidades jurídicas, como lo es que se apruebe por diputados que no deberían de estar integrados en este momento al congreso del estado, también puede desanimar a los privados que sean llamados a participar mediante licitación para participar en el proyecto, ya que el proyecto de la desaladora se fondeará con capital público y el que aporte el sector privado interesado en el proyecto.
Regularmente los inversionistas privados hacen una evaluación de riesgo de los proyectos en los que participan, y lo real, es que en estos momentos existe un riesgo de tipo jurídico y constitucional que puede afectar de nulidad la aprobación de proyecto de desaladora, y su consecuente retraso.
Lo más responsable es que esta aprobación se aplace unos días más, hasta en tanto los juzgados federales del poder judicial de la federación y los ministros de la suprema corte de justicia de la nación determinen sobre la legalidad o ilegalidad de la actual conformación del pleno legislativo del Congreso del Estado.
Las diputadas Maricela Pineda García, Daniela Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Perla Flores Leyva y Lorenia Montaño Ruiz, así como los diputados José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar hicieron un llamado a la Presidenta Municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán y al cuerpo de síndico y regidores, a ser responsables y les digan a los diputados de Morena, PT y aliados, así como al Presidente de la Mesa Directiva, a que aprueben el proyecto de la desaladora hasta que no exista duda jurídica de que dicho proyecto fue aprobado con forme a la ley y la constitución para darle solidez.
No se valdría que los cabeños paguen las consecuencias de la irresponsabilidad de un grupo de diputados. No se valdría que el tema del agua sea botín y bandera política de ningún partido y de ningún personaje.
Lo más responsable es que el proyecto de la desaladora para Cabo San Lucas se apruebe sin ningún vicio legal. Lo más responsable es que Ayuntamiento de Los Cabos, Congreso del Estado y Gobierno del Estado, vayamos juntos ante la Federación por un proyecto que dotara de 250 metros cúbicos de agua por segundo a los sanluqueños. Bajo la premisa de que la fortaleza del mismo recae en que su aprobación sea por un pleno legislativo integrado conforme a la Constitución y al orden jurídico vigente.
Seria abominable, que sabiendo el problema legal que se suscitaría por aprobar un proyecto de esta magnitud con un pleno legislativo apartado de la ley, los diputados de Morena, PT y aliados, siguieran adelante para luego culpar al Ejecutivo del Estado Carlos Mendoza Davis por la no publicación de dicha autorización en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Quien habrá que decirlo, estaría en toda libertad de hacerlo al no estar el Congreso del Estado integrado como lo marca la constitución y los tribunales de justicia federales.
Sería muy bajo hacer política electoral con una necesidad tan apremiante para los habitantes de Cabo San Lucas, como lo es el abasto de agua potable en sus viviendas. Por lo anterior, los diputados del boque conformado por el PAN, PES, PRD, PRI Y Humanista, afirmaron estar a favor de que se garantice a los cabeños el derecho Constitucional al agua previsto en el artículo 4º de la Constitución General de la República, el cual indica que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Confirmaron estar en la legalidad, para que el proyecto de la desaladora de Cabo San Lucas tenga cimientos jurídicos firmes, qué permitan que el agua llegue a los domicilios de quienes hoy padecen del desabasto de agua potable.
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