La reducción será gradual de 2026 a 2030 y no implicará disminución de salarios ni prestaciones
En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, mediante el cual se avala la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral.
La iniciativa, presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, establece como eje de la política pública del Gobierno de México la implementación de una jornada laboral de 40 horas semanales en beneficio de las personas trabajadoras.
El decreto contempla que la reducción de la jornada se aplique de manera gradual entre los años 2026 y 2030, garantizando que no habrá disminución de sueldos, salarios ni prestaciones. Asimismo, establece que por cada seis días de trabajo deberá disfrutarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.
En materia de tiempo extraordinario, se precisa que cuando por circunstancias excepcionales deban aumentarse las horas de trabajo, estas se pagarán con un cien por ciento adicional sobre el salario ordinario. El trabajo extraordinario no podrá exceder de doce horas por semana, distribuidas hasta en cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días dentro de ese periodo.
En caso de que se supere dicho límite, la parte empleadora deberá cubrir un doscientos por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas ordinarias, conforme a lo dispuesto por la ley. Además, se prohíbe que las personas menores de dieciocho años laboren tiempo extraordinario.
El dictamen aprobado por unanimidad reconoce que las reformas históricas al artículo 123 han sido fundamentales para la protección de sectores vulnerables, la prohibición del trabajo infantil, la regulación de la jornada laboral, el establecimiento de descansos semanales, licencias de maternidad y lactancia, así como la fijación de salarios mínimos generales y profesionales.
Con esta aprobación, Baja California Sur se convierte en el estado número 11 en avalar esta reforma constitucional, sumándose a Oaxaca, Tabasco, Sonora, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí y Yucatán. Para su promulgación definitiva, la minuta deberá contar con el respaldo de al menos 17 congresos locales.
Durante el debate, subieron a tribuna para pronunciarse a favor las diputadas Arlene Moreno Maciel y Karina Olivas Parra, así como el diputado Fabrizio del Castillo Miranda, quienes destacaron los beneficios de esta reforma orientada a elevar la calidad de vida de las familias sudcalifornianas.
Con esta decisión, el Congreso del Estado de Baja California Sur se suma al proceso constitucional previsto en el artículo 135 de la Carta Magna, respaldando una reforma considerada vanguardista y alineada con los principios de justicia social, equidad y dignificación del trabajo en México.